Entrevista – Hay que enseñar a buscar datos en el yacimiento judicial

La entrevista en cuatro definiciones:

“Los poderes judiciales argentinos son enormes yacimientos de información por esta característica de que dan publicidad a casi todas las sentencias sin anonimización de datos. A mí me gusta pensar que esto permite a la sociedad conocer cuáles son los conflictos que presenta cada época y, a partir de ese conocimiento, mejorar las formas de vida”.

“Hay una relación entre la tributación y el género porque ninguna ley es neutral a este tema. Las leyes en general no han sido escritas por mujeres ni pensando en ellas. Esto se ve en la legislación tributaria”.

“Las mujeres, por ejemplo, estamos subrepresentadas en el impuesto a las ganancias y en los impuestos patrimoniales: somos apenas el 25% de los contribuyentes. En el IVA, por supuesto, estamos sobrerrepresentadas. Estos son datos estadísticos. Cargamos con la mochila más pesada”.

“El acceso a la información pública ha ido tallando al secreto fiscal, pero a mí me parece que falta democratizarlo inclusive por esta idea de estadística, de poder generar más datos que mejoren las políticas públicas”.

A Agustina O’Donnell le interesa poner de relieve que los poderes judiciales de la Argentina pueden ser pensados como minas con vetas potentes de información que explican cómo funcionan en un mismo tiempo la conflictividad y la institucionalidad que debe encauzarla. “Hay que enseñar a buscar datos en ‘el yacimiento judicial’”, propone la jueza del Tribunal Fiscal de la Nación durante una entrevista virtual para JusTA.

Con un perfil alto en lo que a actividad de redes sociales se refiere (su usuario en Twitter es @agusodonnell), la magistrada hace hincapié especialmente sobre la igualdad de género y la transparencia, temas que combinó en investigaciones y artículos. El año pasado, la editorial Ediar publicó una actualización de su tesis doctoral con el título “Acceso a la información pública y secreto fiscal. ¿Es posible un secreto fiscal más democrático?”, donde analiza, según sus propias palabras, el instituto legislado en 1933 en función de los nuevos derechos y de las nuevas formas de la democracia.

“Creo que es muy importante la publicidad y la claridad de las sentencias para el acceso a la información pública. A partir de 2004, la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) empezó un proceso muy interesante de apertura de sus puertas que venía siendo impulsado por las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ACIJ (editora de JusTA)”, recuerda. Y añade: “en 2013, la Corte emitió una acordada mediante la que calificó a sus sentencias como ‘información objetiva’, lo que implica que debe estar al alcance de la ciudadanía. En nuestro país, entonces, a diferencia de otros y salvo respecto de algunos temas establecidos por la ley, las sentencias se publican en los portales digitales sin anonimización de datos. Esto quiere decir que no sólo las partes que han intervenido en un juicio, sino también el conjunto de la ciudadanía puede saber cómo se dirimió ese conflicto. Más allá de las implicancias jurídicas, la publicidad de las sentencias es una forma de dar calidad a las democracias”.

La concepción de los poderes judiciales argentinos como “enormes yacimientos de información” entusiasma a O’Donnell, que dice: “a mí me gusta pensar que esto habilita a la sociedad para conocer cuáles son los conflictos que presenta cada época y, a partir de ese conocimiento, mejorar las formas de vida. ¿Por qué nos peleamos entre nosotros? ¿Por qué nos peleamos con el Estado? La idea de poder acceder a esa información habilita un control grande por parte de los ciudadanos, por ejemplo, para saber si sirvieron las leyes. Permite la ‘accountability’ o rendición de cuentas de la que hablan los politólogos y mi padrino Guillermo O’Donnell. Esto se dio en la Argentina y antes que en otros lugares”.

-El procesamiento de esa gran cantidad de información que emiten los Tribunales es muy difícil, y lo que se ve es un déficit generalizado de estadísticas y de datos con valor agregado que permitan tomar decisiones institucionales inteligentes. ¿Por qué a la Justicia argentina le está costando dar este paso?

El miedo a la estadística obedece al temor de que para alguien ella arroje números que no sean buenos. Los números perfectos son muy difíciles de alcanzar. Pero es verdad que hay que enseñar a buscar en el yacimiento judicial. Hay algunas materias que en las últimas décadas se revelaron como de interés público. Una de ellas es la ambiental. Pero también lo vemos en asuntos fiscales: antes se creía que esto sólo incumbía a las administraciones tributarias que tienen que recaudar. Esta idea evolucionó y hoy sabemos que a todos nos interesa esa recaudación, y por eso también se presentan contribuyentes y organizaciones de la sociedad civil con el interés de conocer quiénes cobran reintegros y gozan de exenciones. Es decir, la cuestión fiscal pasa a ser un interés generalizado. Las sentencias ambientales ya no son sólo para las partes enfrentadas en un litigio y eso obliga a escribirlas para un público amplio, con menos tecnicismos, y con la conciencia de que quien la leerá no será necesariamente un ambientalista o, en el ámbito fiscal, un tributarista. A lo mejor un fallo fiscal interesa a un comerciante o a alguien que vive en otros países, como sucede con la sentencia “Molinos Río de la Plata” que aborda la planificación fiscal agresiva y el abuso de los tratados. Es una decisión emblemática que trascendió las fronteras argentinas. Entonces, hay que escribir pensando que al producto lo va a leer más gente.

-Su perfil en una red social como Twitter muestra por un lado que usted es consciente de que la comunidad la está observando y, por el otro, que le gusta compartir información con la ciudadanía. Se siente mirada y, también, parece que quiere ofrecer su mirada. ¿Puede describir cuál es su criterio como funcionaria pública para usar redes sociales?

Trato de ser muy cuidadosa, y de no poner en ningún momento en duda la imparcialidad y la objetividad que estoy obligada a aplicar. Sí tengo un compromiso total con los derechos de las mujeres e intento dedicar las redes sociales a esa actividad. Hay una relación entre la tributación y el género porque ninguna ley es neutral a este tema. Las leyes en general no han sido escritas por mujeres ni pensando en ellas. Esto se ve en la legislación tributaria: si bien en los últimos años hubo algunas reformas, la realidad es que hemos estado ausentes y eso se nota. Mi actividad en cuestiones de género se vincula a eso, a hacer una relectura de la normativa. Las mujeres, por ejemplo, estamos subrepresentadas en el impuesto a las ganancias y en los impuestos patrimoniales: somos apenas el 25% de los contribuyentes. En el IVA, por supuesto, estamos sobrerrepresentadas. Estos son datos estadísticos. Cargamos con la mochila más pesada y eso no tuvo una solución a nivel mundial.

-¿Cuál sería la situación de género ideal desde el punto de vista tributario?

A mí me gustaría que las mujeres contribuyamos en mayor medida en el impuesto a las ganancias y a los bienes personales porque ello significaría que tenemos salarios más altos, y que nuestros ingresos nos permiten el acceso a condiciones mejores de vida. Pero en los deciles de mayor nivel de ingresos están los hombres. En las sentencias trato de poner en evidencia la desigualdad que sufrimos las mujeres: la aplicación de la perspectiva de género se empieza a ver en el ámbito tributario. Intento exponer conductas y patrones socioculturales naturalizados que se detectan en los expedientes que tienen que ver con el uso de mujeres, por ejemplo, como accionistas de empresas que aquellas desconocen, o como presidentas de sociedades anónimas que se crean sólo para delinquir y para evadir. Vemos hijas que terminan condenadas, insolventadas de por vida, pese a que nunca participaron de la dirección de las compañías. El otro caso típico es el de mujeres viejas, que se dedicaron a cuidar y no salieron a trabajar, que a lo mejor poseen una jubilación de ama de casa y que dependen de otros para mantenerse. Estas mujeres están muy expuestas a que un contador o un abogado les pague una cantidad pequeña por firmar papeles o ir al banco a retirar cheques: son maniobras delictivas propias de la criminalidad económica. Por necesidad, esas mujeres aceptan las condiciones y eso se ve muchísimo en los expedientes. Trato de escribir esto en las sentencias con la idea de que ya no quedan cocidas y archivadas, sino que viajan por internet y que nos permiten conocer una realidad que está mal y que debemos cambiar.

-¿Por qué en la Argentina es tan difícil saber cuáles son los beneficiarios finales de las empresas, en particular de las extractivas?

Es un tema de agenda mundial. En varios países está atacándose esta cuestión. Argentina va al compás de esa tendencia. De ese asunto no se hablaba hasta hace poco y ahora se habla cada vez más: depende de una reglamentación y mi percepción es que una vez que se decida políticamente cómo hacerlo, se hará. No veo óbice para que ello suceda. El secreto fiscal previsto en una ley de hace 90 años va teniendo su proceso de democratización y adaptación, pero a mí me da la sensación de que se cree que protege mayor cantidad de información de la que protege realmente, gracias en gran parte por ese proceso que transcurre en paralelo de ampliación de acceso a la información pública. El acceso a la información pública ha ido tallando al secreto fiscal, pero a mí me parece que falta democratizarlo inclusive por esta idea de estadística, de poder generar más datos que mejoren las políticas públicas.